Anteproyecto de Ley de Comunicación Social
fue presentado en la Asamblea Nacional
Censura, veneno para la democracia
El texto desconoce el derecho profesional de
los periodistas, aquellos capacitados para que la ciudadanía tenga acceso a la
información y puedan participar de forma activa en la vida democrática
Sofía Carmona.-
El anteproyecto de Ley de la Comunicación
Social entregado a la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea
Nacional (AN) representa una amenaza, que además de violar la garantía de
independencia de los periodistas, compromete a la sociedad democrática.
La propuesta presentada por el director de
medios, Gastón Guisandes va en contra de la libertad de prensa, promueve la
censura y autocensura que perjudican la pluralidad, diversidad y la calidad
informativa. El artículo 15 crea la Comisión de Orden con potestad de liberar
de sus responsabilidades, de censurar o expulsar a los comunicadores; el 17
prohíbe la difusión de informaciones acerca de una persona sin que esta sepa
que se trata de ella; y el 18 considera inexcusable informar sobre situaciones
irrelevantes que “nada tienen que ver o en nada influyen en los hechos que
originan la noticia”.
El estudio Censura y Autocensura en
periodistas y medios de comunicación que realizó el Instituto Prensa y Sociedad
de Venezuela (IPYS) demostró que la mayor parte de las órdenes directas de
restricciones son emitidas por las instituciones estatales. En el Poder
Ejecutivo una actuación de 34%, Poder Judicial 17%, Poder Legislativo 14%,
Poder Moral 7% y Poder Electoral 6%. Este anteproyecto de ley pretende
continuar y reforzar la propagación de la censura de información ya existente.
El acceso a la información de diferentes
fuentes, garantiza a la ciudadanía el derecho de conocimientos para participar
de forma activa en la vida pública. Los medios permiten esa entrada para que
puedan tener sus propias conclusiones, tomar decisiones y exigir
responsabilidad a los gobiernos por sus políticas. Al restringir a los
periodistas se viola también ese precepto.
La
tercera es la vencida
Este no ha sido el único proyecto que se ha
consignado ante la Comisión de Medios de
Comunicación de la AN. En el año 2009 fue entregado por parte del Movimiento
Periodismo Necesario (MPN) una reforma de la Ley del Ejercicio del Periodismo,
con el objetivo de adaptarla a la Constitución de 1999. Solicitan que sean
reconocidas las diferentes formas de hacer periodismo comunitario, alternativo
y popular, además de la libre agremiación.
La Ley de Comunicación del Poder Popular, fue
aprobada en primera discusión en 2011 y aún está en espera de la segunda.
Establece que se regularán las emisoras de radio y se le dará prioridad a los
medios comunitarios para promover una comunicación de formación social superior
a la de medios privados.
La tercera propuesta por los momentos, es la
del anteproyecto de Ley de la Comunicación Social, que a pesar de haber llegado
a la AN ignorando los procesos constitucionales, fue recibida. Guisandes no
consignó la ley en representación de una organización o un grupo de ciudadanos
y obvió el artículo 204 de la Constitución, el cual señala que la iniciativa de
las leyes debe provenir del Ejecutivo, la Comisión Delegada y las Comisiones
Permanentes, al Tribunal Supremo de Justicia, a los integrantes de la AN en un
número no menor de tres, del Poder Ciudadano, Poder Electoral y Consejo
Legislativo.
Refuerzos
a la censura
A la par de esta proposición, se han
establecido otras instancias ejecutivas que violan el derecho al acceso de la
información pública. Entre ellas, el Centro Estratégico para la Seguridad y la
Protección de la Patria (Cesppa), creado el 7 de octubre de 2013 según Gaceta
Oficial Nº40.266; el organismo tiene la potestad de declarar datos reservados,
clasificados o de divulgación limitada por parte de su presidente y obliga a la
cualquier organismo proveer información cuando crean que sea necesario. También
la Brigada Especial contra las Actuaciones de los Grupos Generadores de
Violencia (BEGV), que tiene como objetivo establecer, coordinar, analizar y
evaluar informaciones pertinentes para controlar y proteger la patria.
La Sala Político Administrativa del Tribunal
Supremo de Justicia publicó en agosto de 2014 una sentencia que establece
impedimentos a la razón de los ciudadanos a estar informados acerca de asuntos
públicos: “Si bien toda persona tiene derecho a dirigir peticiones a cualquier
organismo público y a recibir respuesta en tiempo oportuno, no obstante el
ejercicio de ese derecho no puede ser abusivo de tal manera que entorpezca el normal
funcionamiento de la actividad administrativa”. Es decir, cualquier
solicitación “obstaculizaría y recargaría además innecesariamente el sistema de
administración”.
Reacciones
El texto, de 18 artículos, asegura que la
Comunicación Social se origina por formación natural y busca amparar a los
ciudadanos que se comuniquen a través de cualquier medio. Afirma la idea de que
es contrario a la inteligencia y a la razón que los comunicadores sean
subordinados por una colegiación, la cual impone y restringe a aquellos
comunicadores que no desean formar parte de ella, por lo tanto, ordena la
creación del Colegio Nacional de Periodistas.
La Junta Directiva del Colegio Nacional de
Periodistas (CNP) Seccional Aragua, emitió un comunicado en el cual advirtió que
el anteproyecto de Ley de la Comunicación social intenta desconocer las
habilidades adquiridas durante la formación académica y descritas en la Ley del
Ejercicio del Periodismo, crear una institución paralela al CNP con el
sospechoso objetivo de eliminar y controlar la única institución de protección
a los profesionales.
Gregoria Díaz, secretaria de mejoramiento
profesional del CNP Aragua manifestó que no todas las personas están preparadas
académicamente para buscar la información, tratarla y transmitirla, lo cual no
significa que los ciudadanos no tengan derecho a la libertad de expresarse.
El proyecto de ley enuncia que la Comunicación
Social es espontánea, que la inteligencia y libertad de los seres humanos los
impulsa a comunicar cuanto piensan y
sienten; consideración que es ilógica si se le coarta la voluntad a la sociedad
de recibir información censurando y limitando a los periodistas, profesionales
que sí están capacitados para la búsqueda, la preparación y redacción de
noticias, aquellos que sí tienen las herramientas para que practiquen su
derecho a opinar de manera pública, de forma plural.
Las alternativas para aminorar la censura que
se procura imponer disimuladamente con este intento de legislación, le queda al
poder de discernimiento de los venezolanos entre engaño y verdad.
